LA SEDUCTORA TREINTAÑERA APRECIADA PERO MUY VIOLADA

In memoriam del excelente académico y gran político Carlos Gaviria Díaz, fallecido el 31 de marzo de 2015, uno de los pocos juristas que hicieron desarrollos de la Constitución del 1991, aunque sus ponencias en fallos de la Corte se consideraron “herejías constitucionales”. También en memoria del revolucionario imprescindible e intelectual orgánico William Agudelo Cedano, camarada muerto repentinamente por un infarto el 8 de julio de 2021. Y también en memoria del escritor y cronista Germán Castro Caycedo, gran maestro del periodismo colombiano que falleció el 15 de julio de 2021: honor y gloria y paz eterna en sus tumbas. Por último, al exconstituyente, exsenador y exconcejal indígena Francisco Rojas Birry, pero sobre todo mi siempre amigo del alma.

Las tres últimas décadas en Colombia (última del siglo XX dominada por los pésimos partidos tradicionales y dos primeras del XXI dominadas por el uribismo, versión nueva de ellos) han estado bajo la custodia de la Constitución Política del 1991. ¡Amables lectores reflexivos!, como este año se conmemora el trigésimo aniversario de la Carta Magna colombiana, el objetivo de este artículo es explicar brevemente sus antecedentes inmediatos y las razones del por qué esta seductora treintañera apreciada ha sido reiteradamente violada, lo que al final se convirtió en balance.

Ciertamente en 1991, en medio de los apoteósicos acordes de El Mesías de Händel, cada uno de los constituyentes estampó su firma, pero en un papel en blanco porque el texto no estaba totalmente revisado por el Instituto Caro y Cuervo. “La ceremonia se celebró el 4 de julio, fecha conmemorativa del día en que los padres fundadores firmaron la Constitución de Estados Unidos. El texto de la nueva Constitución colombiana apareció publicado en la Gaceta Constitucional… del 7 de julio… En la Presidencia expidieron un decreto el 5 de agosto de 1991 cuando, coincidencialmente, se conmemoraba la fecha de sanción de la Constitución de 1886…” (Alarcón, 2021) Independiente de día o mes, lo cierto es que desde 1991 el país vive bajo el amparo de su carta política.

Uno de sus primeros precedentes puede ser “la pequeña constituyente del presidente López Michelsen, convocada 15 años antes, para reformar la administración de justicia y el régimen territorial. Otro, puede ser la elección popular de alcaldes, aprobada en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Incluso las múltiples quejas regionales por ´el centralismo asfixiante y un generalizado sentimiento de angustia ciudadana frente al narcotráfico y la violencia.” (Trujillo, 2021) También está el antecedente de “una idea expresada, en 1984, por Óscar William Calvo, líder de un grupo armado ilegal conocido como Ejército Popular de Liberación (EPL), para quien una Constituyente podría consolidar la paz que discutían el gobierno y las guerrillas. Era la primera vez en la historia del país, y tal vez del mundo, que un guerrillero expresaba confianza en una solución jurídico-política.” (Ibíd.)

Asimismo, está el antecedente de la repetición incesante del argumento de que era necesario acabar con la Constitución del 1886, retardataria, clerical y centralista de Núñez y Caro. El país se distanció de ella porque hay momentos en los que la naturaleza constitucional “se desborda y estalla y las instituciones jurídicas que deberían encauzarla ya no sirven más. Era lo que venía pasando aquí desde hacía mucho… y quien mejor lo entendió fue el presidente Virgilio Barco” (Constaín, 2021), con un valor civil admirable, se jugó sus restos para propiciar uno de esos hechos fundantes´ “en los que la sociedad (el pueblo, sí) se pone por encima del derecho y sus mandatos ya del todo petrificados y escleróticos y asume su poder constituyente y cambia incluso aquellas estructuras que no le permiten cambiar nada…” (Ibíd.)

Como Colombia, entre 1987 y 1990, estaba contra las cuerdas y postrada como ahora, colgada del filo del abismo, fue Barco quien “usó la figura del Estado de Sitio para demostrar que los motivos de orden público que la justificaban tenían todo que ver con el lastre de un sistema político irreformable, anacrónico y cerrado.” (Ibíd.) Ese fue el argumento brillante y heterodoxo que abrió uno de los caminos “de la constituyente, justo cuando el país empezaba un diálogo nacional que surgió del secuestro y la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, que desembocó en la paz con el M-19.” (Constaín, 2021)

Igualmente está como antecedente que en 1987 la Comisión de Estudios sobre la Violencia recomendó: “El Estado colombiano deberá reconocer que la nación a la cual sirve es multiétnica”. Efectivamente, cuatro años más tarde, quedó firmada la nueva Constitución de 1991, cuyo artículo 7 dice: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” (2008: 16) El vínculo entre uno y otro texto tiene que ver con el proceso de paz con el M19, uno de los protagonistas de esa época que da inicio el 8 de marzo de 1990, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, en las montañas del Cauca, por Razones de vida su última orden como guerrilla de parte de su comandante encargada Vera Grave: «¡Por Colombia, por la paz, dejad las armas!». Así, ella dio paso al nacimiento de la actividad política legal para el movimiento después llamado Alianza Democrática (AD) M19.

A propósito, el maestro Jaime Arocha (2021) de la Universidad Nacional cuenta que junto a estudiantes de antropología visitó dos veces el campamento de Santo Domingo (Tacueyó) donde estaban concentrados los guerrilleros. En su clase habían revisado las recién aprobadas constituciones de Brasil y Nicaragua, ambas pioneras en la legitimación de las ciudadanías multiculturales, de modo que las conversaciones que sostuvieron con Carlos Pizarro Leongómez, candidato a la Presidencia por la ADM19, “tenían que ver con el ideal de superar esa noción restrictiva de una colombianidad delimitada por la estirpe española, el castellano y catolicismo. Tratábamos de imaginar cómo atar derechos territoriales de pueblos indígenas y negros a las diversidades que la historia había moldeado. El caso de los primeros ofrecía poca controversia, mas no el de los segundos, percibidos como gente que había alcanzado una afortunada igualdad cultural por el mestizaje.”

Pero no solo Carlos Pizarro cifraban su “confianza en las virtudes de esta nación mestiza”, también la tenían el candidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento y el candidato de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa; ellos fueron víctimas de la más sangrienta campaña electoral sufrida en Colombia porque les costó la vida a los tres: a Pizarro, el 26 de abril del 1990; a Galán, el 18 de agosto del 1989; y a Jaramillo, el 22 de marzo del 1990. De nuevo abrimos las compuertas para llorar agujas con estos ojos que hemos aprendido en la retina del horror; lloramos por ustedes, cartógrafos de otros horizontes para una patria despojada hasta de sus puntos cardinales; lloramos por estos hombres que eran, desde diversas corrientes, espíritus renovadores, en busca de opciones de cambio; en los tres casos fueron detenidos los supuestos autores materiales, casi siempre chivos expiatorios; de los autores intelectuales y dueños de la decisión, como siempre, poco o nada se sabe, claro que esto es un decir porque en el fondo todo se sabe.

A pesar de este infierno derramado que trazó la dolorosa ruta obligada de la justa protesta energúmena desde el Capitolio Nacional hasta el Cementerio Central, las elecciones presidenciales se celebraron el 27 de mayo de 1990 dándole el triunfo al liberal César Gaviria Trujillo: el economista andino compitió con Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional; con Rodrigo Lloreda Caicedo, del Social conservatismo pastranista, con Antonio Navarro Wolf, que reemplazó a Pizarro, de la ADM19, y otros candidatos menores. El pereirano obtuvo 2.806.373 votos; Gómez, 1.403.943; Navarro Wolf, 739.979 y Lloreda, 721.268. Gaviria anunció un «revolcón» institucional y conformó el primer gabinete pluripartidista de la historia del país Truculentamente Trágico y Vergonzoso. Se rodeó de jóvenes figuras técnicas alejadas de la política tradicional; además, incluyó en su gabinete, por primera vez, al exguerrillero Navarro Wolf, en la cartera de salud, lo cual me produjo sentimientos encontrados.

A pesar de lo peligroso que es hacer política en Colombia, iguales sentimientos me había suscitado antes la inusitada zarabanda de candidaturas a la presidencia; esto me despertó al comienzo interés, pero ahora sólo una irresistible hilaridad puesto que más candidatos no significan una mejor democracia. No entiendo qué tipo de voluptuosidad, de orgasmo debe producir el saberse ungido del cargo que afanosamente se persigue. El poder burgués, después de todo, según creo comprenderlo ahora, más que una vocación es un vicio de los eternos dirigentes de los pésimos partidos tradicionales para perpetuarse y defender sus intereses particulares, monopolistas y clasistas.

Inmediatamente después del M19, por su misma ley de amnistía, se reinsertaron grupos menores como el EPL, el Quintín Lame y el PRT, pero el grueso de la subversión, representado por las FARC y el ELN, no lo hizo aunque se les ofrecieron curules. Tal vez no entraron porque el gobierno de Gaviria bombardeó el fortín de Casa Verde en La Uribe (Meta) el mismo día que se elegía a los miembros de la Constituyente; allí operaba desde hacía más de 25 años el secretariado de las FARC, es decir, Tirofijo y su alto mando. Según Enrique Santos Calderón en El país que me tocó (2018): “La historia demostró que fue una acción precipitada y contraproducente. No golpeó para nada a la Farc, pero sí les dio argumentos para endurecerse y desconfiar aún más del Estado.” De todas formas, Doña Constituyente se convirtió en una señora popular tan conversadora y erótica que sedujo a muchos guerrilleros a dejar lacrimógenamente sus armas. Doña Constituye en una fisonomía crítica del nuevo País Lúdicamente Dramático, es emancipador poder pluralista y matriz de la finalización del siglo del viento.

Entonces, en medio de un ambiente permeado por la violencia y el narcotráfico, pero también por los anhelos de paz y esperanza, Colombia se embarcó en el reto de construir una nueva constitución. Que hace treinta años se pudiera escribir y proclamarla “fue casi un milagro, aunque quizás no sea esa categoría religiosa la más adecuada para referirse a un texto jurídico y político (y menos a ese) y al largo y tortuoso camino que condujo hasta él; un camino que aún estamos recorriendo y descubriendo, además, esa es la esencia de toda constitución. Pero la verdad es que sí fue casi un milagro” (Constaín, 2021), que trajo alegría y esperanza incontenibles.

El 9 de diciembre de 1990 los colombianos escogimos pues los nombres que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el organismo encargado de darle al País Truculentamente Trágico una nueva Carta Magna. La ANC quedó conformada así: 24 curules para el liberalismo; 19 para la ADM19; 11 para el movimiento de Salvación Nacional; 5 para el Socialconservatismo, 4 para la lista de Rodrigo Lloreda y Juan Gómez Martínez y 7 independientes. La propuesta de una ANC nació del movimiento guerrillero y su impulso a la convocatoria surgió de un grupo de estudiantes universitarios que con su propuesta excelente de la Séptima Papeleta (antecedente también de la nueva carta) regaron el manejo comprensivo e inteligente del conocimiento y el discurso permitiendo entender y comprender a las comunidades la naturaleza constitucional, mediante un trabajo educativo riguroso, crítico y participativo garantizado por la Pedagogía Crítica Emancipadora, eje fundamental del derecho a una educación de calidad.

El 19 de junio de 1991, pocas horas después de que se conoció la noticia de que la ANC había abolido la extradición, se entregó a las autoridades Pablo Escobar Gaviria con algunos de sus hombres, jefe máximo del cartel de narcotraficantes de Medellín. Escobar y sus secuaces fueron recluidos en una cárcel de máxima seguridad, diseñada especialmente para él en Envigado, municipio al sur de Medellín. En la entrega del capo intervinieron varios elementos: la mediación del padre García Herreros y Alberto Villamizar, la política de sometimiento a la justicia impulsada por el ministro de Justicia (Jaime Giraldo Ángel) e ideada por el presidente Gaviria y, por supuesto la no extradición de colombianos al exterior.

El miércoles 31 de julio de 1991, al filo de la media noche, la ANC aprobó el último de los artículos del nuevo ordenamiento jurídico que regirá a la Patria Entretenidamente Trágica. La Constitución de 1886 fue derogada. La ANC estuvo presidida por el izquierdista Antonio Navarro Wolf, el conservador Álvaro Gómez Hurtado y el liberal Horacio Serpa Uribe. Desde el 5 de febrero, se dieron cita setenta constituyentes elegidos por el pueblo, más dos representantes del EPL, uno del PRT y otro del Quintín Lame, grupos guerrilleros que se reinsertaron a la vida civil. Esta asamblea pluralista se consideró uno de los grandes logros de la democracia colombiana, por cuanto en un mismo recinto se reunieron compatriotas de todas las tendencias políticas: políticos tradicionales, políticos alternativos, exguerrilleros, intelectuales, dirigentes femeninas, pastores de iglesias cristianas, sindicalistas e indígenas.

El escollo más grande que tuvo que superar la ANC fue la iniciativa de revocar el mandato de los congresistas, ya que no se podía permitir que el viejo Congreso de la República neutralizara las reformas y, además, se hacía urgente una renovación política ante el descontento ciudadano con sus legisladores. El otro fue la no aprobación de la extradición de colombianos: el 19 de junio, esa figura desapareció de la Constitución Nacional; se habló de presiones de narcotraficantes sobre los constituyentes.

La Carta Magna de 1991 es considerada como «liberal de avanzada», ella busca fortalecer una democracia participativa. Los puntos fundamentales de la nueva Constitución son: reconocimiento de Colombia como Estado social de derecho; reconocimiento de la soberanía popular; elección popular de gobernadores y vicepresidente; establecimiento de las figuras del plebiscito, el referéndum y la consulta popular; creación de mecanismos de protección de los derechos de los colombianos: acción de tutela, acción de cumplimiento, acción popular y acción de grupo; creación de la figura de los estados de excepción y eliminación del estado de sitio; conversión de Bogotá en Distrito Capital; creación de la Fiscalía General de la Nación, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo. La Hoja de Ruta constitucional define como uno de sus principios fundamentales la facilitación de “la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…” (2008: 14 y 15) Se pensó que la nueva Carta Magna iba a ser la panacea para Colombia; sin embargo, a mí me embargó un escepticismo optimista.

Rafael Pardo Rueda se convirtió, el 23 de agosto de 1991, en el primer ministro de Defensa no militar después de 36 años. Remplazó a Oscar Botero Restrepo, un chafarote con ínfulas de dictador vulgar. Este mismo día, coincidencialmente, fue el lanzamiento del Libro Colombia, violencia, democracia y derechos humanos, de Estanislao Zuleta. Fue una coincidencia feliz, pero estuve pesimista porque en la televisión vi cómo derribaban de un pedestal la estatua de Lenin en Vilnius, Lituania. Y en la bella e histórica Moscú le pasaron una cuerda por el cuello y no la derribaron porque el bulldozer no llegó a tiempo: la estatua es enorme, demasiado pesada para unas simples manos, aunque estén rabiosas y envenenadas. La singular Leningrado ha vuelto a ser San Petersburgo, pero con sus noches blancas iguales; pienso que de ahí en adelante el rumbo de Colombia y del socialismo mundial varió sustancialmente.

Pero en realidad, ¿qué ha pasado después de 30 años de aplicación de la Constitución Política de Colombia del 91? He aquí un breve balance: su artículo “334 dejó expedito el camino a la ortodoxia fiscal para promover reformas, fundadas en el hiperpresidencialismo manifiesto en los artículos 154 y 189, que acinturaron más el gasto público. Un ejemplo fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que cambió el régimen de transferencias para educación, salud y saneamiento básico a municipios y departamentos, ligado a los ingresos corrientes de la nación, por el Sistema General de Participaciones, por el que durante 18 años, en pesos constantes de 2019, han dejado de recibir 318 billones de pesos (Espitia, 2020). Por la puerta entreabierta se colaron en 2011 la regla y el incidente fiscal, si las sentencias judiciales se salen de molde, y en conjunto con el 373, forman un marco contractivo, como ahora, cuando se descartó la emisión monetaria. Los superpoderes presidenciales otorgados marginan al Congreso y se ejercen a sus anchas en campos como la deuda pública o el comercio exterior.” (Suárez, 2021) En esta línea, el balance es que en tres decenios Colombia es tanto o más desigual.

Por eso, no le faltaba razón al eximio Carlos Gaviria en su pregón: “la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.” (Suárez, 2021) Aunque el principio rector de la actual Constitución es “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, luego de 30 años “una tercera parte de los hogares solo accede a dos o menos comidas diarias; escasamente un 5 por ciento puede ahorrar y, al 85 por ciento, sus ingresos no les alcanzan o apenas suplen sus necesidades. Los presupuestos familiares se han debilitado asimismo por el ánimo de lucro –permitido en la Constitución– a particulares en áreas de bienestar, como la salud, y por las cargas de 18 reformas tributarias.” (Ibíd.) Aunque la carta treintañal está bien en el reconocimiento de los derechos fundamentales, el país no ha avanzado suficientemente en la ejecución. “Así, la Constitución señala que el manejo económico debe ser justo y equitativo, al tiempo que el modelo económico propicia la reducción de los ingresos laborales. El mayor reconocimiento de los derechos fundamentales no se manifiesta en los índices de pobreza y distribución del ingreso. Colombia despliega índices de pobreza de 42 % y está entre los siete países con los mayores índices de Gini (0.54). Simplemente, los buenos oficios para proclamar los derechos fundamentales no se reflejan en las manifestaciones.” (Sarmiento, 2021)

También por eso, hoy las Comunidades Negras siguen empeñadas en que se respete la territorialidad colectiva que no se reconocía “y cuya identificación dio lugar al artículo 55 transitorio de la Constitución del 91, el cual, por primera vez en la historia nacional, les dio visibilidad a la ciudadanía afro y a los paisajes a los cuales ella había dado origen. Hace 28 años, ese estatuto transicional quedaría consolidado mediante la ley 70 de 1993 la cual Rosero y otros miembros de la Comisión Especial de Comunidades Negras diseñaron. Ilusionados por la esperanza que nacía, no imaginaron el horror de la guerra, desposesión territorial y destierro que a lo largo de estos seis lustros han impuesto quienes consideran que el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana compromete sus mezquinos intereses.” (Arocha, 2021)

Ahora bien, lo que no se puede negar es que los ciudadanos han sentido más cerca “la Constitución, sobre todo con la tutela, que en general ha servido para la defensa de los derechos” (Gómez, 20021). No obstante, sus sentencias “se incumplen en más de un 60 por ciento. Aun cuando, con razón, se ha criticado la cantidad de organismos que creó –con su consiguiente costo fiscal–“(Ibíd.), reiteramos que se avanzó con la creación de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Fiscalía General y otros mencionados. Reiteramos asimismo que la Carta del 1991 “fue fruto de grandes consensos de las fuerzas políticas representadas proporcionalmente en la Asamblea Constituyente que la redactó porque quedó conformada por tres fuerzas políticas básicas, con un poder relativo similar: El M-19 congregó a un núcleo de personalidades democráticas, el Partido Liberal lanzó a sus mejores políticos, igual que el Partido Conservador. La Constitución resultante fue progresista y equilibrada”. (Kalmanovitz, 2021) Es claro que esa Constitución “fue el resultado de un consenso como aquí ha habido muy pocos en la historia. Un consenso creativo y valiente, sincero, ejemplar” (Constaín, 2021), en que primó “el espíritu de concordia para intuir y reconocer un país distinto, más complejo y diverso.” (Ibíd.)

Treinta años después de haber aprobado un texto que dio lugar a que los ciudadanos habláramos del nacimiento de un “nuevo país”, nos preguntamos: “¿Acaso el esperado “nuevo país” fue apenas una ilusión o una fallida esperanza? El modelo de Estado social de derecho se ha desarrollado en claves casi exclusivas de la economía de mercado y eso lesiona principios constitucionales. Pero si, además, los ejes de esa política se mantienen en medio de una crisis como esta de la pandemia, la situación social se torna insostenible.” (Trujillo, 2021) Sabemos que su primer artículo definió cómo debería ser el país: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista…” (2008: 14) La carta de derechos es impecable. La constitución del 91 se concibió, pues, amables lectores reflexivos, como lo que es, en esencia, la Constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. (Lassalle, 1995)

Sin embargo, en estos tres últimos decenios las ilusiones de la carta del 91 han sido reiteradamente rotas y violadas por esa misma clase política que la avaló, es la misma clase política que se ha dedicado a destruirla en los últimos 30 años por muchas razones, pero sobre todo por falta de grandeza y voluntad política. “Casi que su gran triunfo es haber resistido a quienes la detestan. Cincuenta y cinco reformas ha sufrido hasta el momento. La más dañina, la relección presidencial, madrastra del desastre institucional que hoy vivimos, en el que el ejecutivo es dueño de todo y acecha con codicia a quien se le resista.” (Bejarano, 2021) Las evoluciones formales que reclamó el movimiento de la Séptima Papeleta “fueron el pie de transformación para que las nuevas generaciones ahora pidan a gritos cambios materiales en sus condiciones de vida. La Carta que lograron los jóvenes del 91 es la que los de ahora piden que trascienda el papel. Por eso, quienes añoran la Constitución de 1886 han satanizado la protesta. La estrategia homicida del ESMAD y los abusos sistemáticos de la fuerza pública descansan en ese país que se resiste al cambio.” (Ibíd.) Entonces, a pesar de tantas promesas incumplidas, “el gran triunfo de la Carta del 91 es el movimiento social que ahora defiende sus postulados.” (Bejarano, 2021)

El gran Carlos Gaviria Diaz decía que “de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos”. Por eso, desde el 2006, divulgó un lema aún vigente: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, para lo cual apelaba a poner al Gobierno, como cabeza del Estado, al frente de la orientación de la economía: no olvidemos que Colombia es uno de los países más desiguales de la región latinoamericana. “Dichos mecanismos tienen que ser aplicado en forma certera en procura de enrutar a Colombia hacia la equidad y el progreso…” (Suárez, 2021) Equidad y progreso que no se logran con guerra sino con paz, paz que seguimos esperando, a pesar de que la nueva carta dice que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Igualmente, hay que recuperar el valor de todas las vidas porque dicha Constitución “consagra el derecho a la vida como inviolable.” (Ruiz, 2021) El excelso jurista e inolvidable maestro Gaviria habló sobre la promesa incumplida: “La Constitución es un texto que uno puede leer con mucho regocijo desde el punto de vista de un ideal utópico de una sociedad mejor, pero no tiene la virtualidad de transformar la sociedad sin esa voluntad política” (Bejarano, 2021) y grandeza gubernamental que la pongan en marcha.

Finalmente, Invito a los amables lectores reflexivos para que este 2021, año trascendental para Colombia porque se conmemoran los 30 años de la ley de leyes de nuestro país, para que asumamos nuestro rol en cualquier ámbito con dignidad y responsabilidad, cumpliendo a cabalidad con los deberes que el rol nos exige, trabajando siempre por nuestras comunidades. Así seamos treintañeros o no, recordemos que de algún modo todos somos son hijos de la Carta Magna del 1991 y bajo sus fines y principios estamos participando y construyendo la historia colombiana: no permitamos que siga siendo violada. Como estamos convencidos de que superaremos todas las calamidades en la medida en que aceptemos que las cosas van mal, vamos a superarlas. Urgen cambios políticos que la desarrollen vertiginosamente para pulverizar la legitimidad de las corruptas élites criminales: ¡adelante, siempre adelante!

BIBLIOGRAFÍA

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• Bejarano, Ana (2021). El legado de la séptima papeleta. Los danieles, Bogotá, publicado el 4 de julio en https://losdanieles.digital/el-legado-de-la-septima-papeleta/
• Constaín, Juan Esteban (2021). Treinta años no más. El Tiempo, Bogotá, publicado el 7 de julio en https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-esteban-constain/columna-de-juan-esteban-constain-sobre-los-30-anos-de-la-constitucion-601555)
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• Kalmanovitz, Salomón (2021). Treinta años de la Constitución. El Espectador, Bogotá, publicado el 27 de junio en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/treinta-anos-de-la-constitucion/
• Lassalle, Ferdinand (1995). ¿Qué es una Constitución? Bogotá: Ediciones Universales.
• Personería de Bogotá y Universidad del Rosario (2008). Constitución política de Colombia. Concordancias, referencias históricas e índice analítico. Presentación de Jaime Castro. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
• Ruiz, Yolanda (2021). ¿Y si cumplimos un artículo de la Constitución? El Espectador, Bogotá, publicado el 15 julio en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yolanda-ruiz/y-si-cumplimos-un-articulo-de-la-constitucion/)
• Santos Calderón, Enrique (2018). El país que me tocó (Memorias). Bogotá: Penguin Random House.
• Sarmiento, Eduardo (2021). Los 30 años de la constitución de 1991. El Espectador, Bogotá, publicado el 11 de julio en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/los-30-anos-de-la-constitucion-de-1991/
• Suárez Montoya, Aurelio (2021). “Construyamos democracia, no más desigualdad” (Homenaje a Carlos Gaviria). Semana, Bogotá, publicado 10 de julio en https://www.semana.com/opinion/articulo/construyamos-democracia-no-mas-desigualdadhomenaje-a-carlos-gaviria/202100/
• Trujillo Muñoz, Augusto (2021). La Constitución del 91: diálogo intergeneracional. El Espectador, Bogotá, publicado el 8 de julio en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/augusto-trujillo-munoz/la-constitucion-del-91-dialogo-intergeneracional/